Con ocasión del último Te Deum Ecuménico de Acción de Gracias, el arzobispo de Santiago, Celestino Aós, dio gracias por todos aquellos que buscan “respetar y proteger los valores no negociables”, como la defensa de la vida, el matrimonio entre un hombre y una mujer y la libertad de los padres de elegir el modelo de educación de sus hijos, entre otros.

Un alto personero no demoró en responder a nuestro Pastor señalando que “la ley tiene que proteger a todas las familias”; “que una cosa es el mundo de la religión, que es un mundo voluntario, y tanto la religión católica y evangélica establecen el matrimonio entre un hombre y una mujer, y otra cosa es el mundo laico, de las leyes, que es obligatorio para todos”.

Mas allá de la retórica que apela al laicismo para intentar acallar la voz de la Iglesia, conviene recordar que los cambios legales sobre el matrimonio en los que no hemos sido oídos los católicos han generado varios problemas que atañen al conjunto de la sociedad, sin diferenciar si los que los padecen son católicos, masones, agnósticos, monoteístas o politeístas.

Con la dictación de la Nueva Ley de Matrimonio Civil Nº 19.947, publicada en el 17 de mayo de 2004, se reguló en Chile el divorcio. Esa normativa autoriza a que mediante una sentencia judicial se ponga fin a las obligaciones y derechos de carácter patrimonial cuya titularidad y ejercicio se funda en la existencia del matrimonio, como los derechos sucesorios recíprocos y el derecho de alimentos, excepto el de los hijos hasta cierta época.

La oposición al divorcio por los católicos (salvo algunas excepciones) se hacía con la convicción que supresión de la indisolubilidad del matrimonio civil generaría varios efectos contrarios al bien común. Entre otras razones, se hacía valer que distintos estudios empíricos anticipaban que la aplicación de esta normativa traería varias consecuencias negativas, que se no podían dejar de considerar, si lo que interesaba era defender la familia.

Lamentablemente, la mayoría parlamentaria se empeñó en introducir el divorcio y sus resultados están a la vista. Veamos algunas estadísticas del número de divorcios:

En el caso de 2018, se contrajeron 66.186 matrimonios en Chile. El mismo año, se declararon 42.642 divorcios, profundizando la crisis familiar que está a la vista.

El efecto del debilitamiento del matrimonio ha sido padecido principalmente por las personas de menos ingresos y de clase media. Esto se explica porque el divorcio es una institución jurídica que se aviene muy bien con el perfil de un millonario, que puede “rehacer su vida” según lo permita su solvencia económica.

Los que aprobaron  esta idea anunciaban que la normativa incluiría mecanismos de protección patrimonial para la familia que dejaba de ser amparada legalmente y que era alcanzada por la sentencia judicial declaraba concluido el matrimonio. La realidad ha demostrado lo contrario, tal como ha quedado en evidencia con el retiro del 10% de las AFP y el desolador panorama que revela el incumplimiento de las pensiones de alimentos en nuestro país. Ha sido conmovedor apreciar el grado de precariedad en la que se encuentran varias mujeres y sus hijos, que deben soportar los efectos de una legislación fundada en una visión individualista de la que los laicistas no se hacen cargo.

A esta altura resulta válido recordar que cuando los católicos defendían la indisolubilidad del matrimonio lo hacía para que esa garantía patrimonial protegiera a los más débiles, principalmente menores y la cónyuge.

Hoy, que nuestro Pastor recuerda que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, aparece la misma mentalidad negacionista, que se empeña en no querer oír las múltiples razones que deben evitar la aprobación del mal denominado “matrimonio igualitario”.

Debe alentarnos a continuar en nuestra defensa de los valores no transables lo señalado por San Juan Pablo II en la Exhortación Familiaris Consortio, sobre la misión de la familia cristiana en el mundo actual, de 1981, cuando advertía:

“El pueblo de Dios se esfuerce también ante las autoridades públicas para que —resistiendo a las tendencias disgregadoras de la misma sociedad y nocivas para la dignidad, seguridad y bienestar de los ciudadanos— procuren que la opinión pública no sea llevada a menospreciar la importancia institucional del matrimonio y de la familia” (Nº 81).

Sigamos pidiendo a Dios la fortaleza necesaria para hacer valer nuestra voz ante la autoridad para que se dicten leyes que protejan a la familia.

Crodegango